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Se busca generar un entorno de confianza que estimule la economía y las inversiones.

Reactivación económica inteligente y estratégica

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El escenario pandémico actual demanda la participación de los sectores público y privado del país para presentar propuestas basadas en el consenso, la participación, la sostenibilidad y la resiliencia para el desarrollo económico y social.

Por: Malema De León | mdeleon@panacamara.org

En medio de este entorno de crisis y el desequilibrio, los países ensayan acciones y diseñan estrategias que permitan encarar el desafío que representa el COVID‑19. Como ha destacado el Banco Mundial (BM), la pandemia no solo ha afectado a la salud pública, sino también a la economía y al tejido social. “El nuevo coronavirus está poniendo en evidencia hasta qué punto se han planificado y gestionado correctamente las ciudades y el impacto que ello tiene en la forma en que cada ciudad es capaz de funcionar —o no—, especialmente en tiempos de crisis”, sostiene.

Para el BM, construir ciudades que “funcionen”, que sean inclusivas, saludables, resilientes y sostenibles, requiere coordinación normativa intensiva y oportunidades de inversión. De ahí que lo gobiernos nacionales y locales deben desempeñar un rol importante: “Actuar ahora, configurar el desarrollo futuro de las ciudades y crear oportunidades para todas las personas”.

En esa línea de ideas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que las actuales limitaciones financieras de los gobiernos “requieren de sistemas cada vez más eficientes que permitan reducir el gasto público y aumentar sus ingresos fiscales”. En tal sentido, sostiene que hay que migrar hacia modelos ‘inteligentes’. 

De hecho, el concepto de “Ciudad Inteligente”, como otros que están relacionados a la eficiencia y a las herramientas digitales, ya era recurrente en materia de desarrollo antes de la pandemia; pero que, a razón de la crisis por COVID-19, ha adquirido prestancia durante meses de confinamiento y otras limitaciones ciudadanas.

De acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina (CEPAL), este modelo citadino está basado en el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que, entre otros aspectos, “permiten promover actividades económicas intensivas en conocimiento y con una elevada productividad”.

En el caso de Panamá, lograr eficiencia mediante la transformación digital ha sido un desafío. Las autoridades panameñas reconocen que su adopción permite “mejorar las condiciones de toda la sociedad, principalmente el sector productivo a través de empresas organizadas”. Al respecto, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ejemplo, ha informado sobre esa transformación en los próximos cinco años, “que servirá para digitalizar totalmente la institución, permitiendo que la mayoría de los trámites se realicen en línea, por lo que esto debe terminar en una mejor trazabilidad de los contribuyentes y así fiscalizar de manera más clara las actividades relacionadas con la recaudación de impuestos”.

En tanto, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) dio a conocer que, a marzo de este año, Panamá ha logrado la publicación de más de 2000 Datos Abiertos de Gobierno, iniciativa que nace de un proyecto para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible en el país.

Para la AIG, alcanzar esa cifra representa un esfuerzo “para transparentar” la gestión de las instituciones, mejorar la calificación del país por los organismos internacionales que evalúan la transparencia en base a los datos abiertos (DA); así como la posibilidad cada vez mayor de utilización de la información publicada por parte de emprendedores e innovadores para crear productos de valor agregado en base a datos.

De calificaciones de riesgo, tributos e inversiones públicas

Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un contexto de recaudación tributaria, que califican de relativamente baja con relación a los pares regionales, indicaron que la calificadora de riesgo Moody’s espera que el país mantenga altos niveles de inversión pública para respaldar la recuperación económica.

Entre los puntos que destacó la calificadora está el continuo y sólido acceso al mercado de Panamá, lo que le ha permitido al gobierno financiarse a tasas favorables, disminuyendo el costo promedio ponderado de la deuda a 4.0% en 2020 desde 4.9% en 2018, a pesar de enfrentar necesidades de financiamiento más altas de lo normal.

Moody´s señala una perspectiva estable que refleja un equilibrio entre las fortalezas crediticias fundamentales de Panamá, es decir, una economía dinámica basada en servicios con la inversión como el principal motor del crecimiento y un bajo riesgo de financiamiento.

Según el secretario general del MEF, Eloy Fisher, el cambio de perspectiva de negativa a estable por parte de Moody´s, se genera porque luego del inicio del Plan Nacional de Vacunación,  Panamá puede tener un crecimiento más cercano a su potencial que es de 5%.  “Muestra de ello es que, incluso en el año de la pandemia, el costo ponderado de la deuda bajó de 5% en el 2018 a 4% en el 2020”, manifestó.

Con respecto a la vacunación y la economía panameñas, en declaratoria efectuada en abril pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó un panorama optimista para Panamá, donde “la prioridad del gobierno panameño es proteger la vida y salud de su población mediante un programa de vacunación que facilite la sostenibilidad de la recuperación económica y darle continuidad a las políticas públicas que permitan estimular la recuperación económica y reforzar reformas sociales para garantizar un crecimiento sostenible e incluyente”.

En opinión de la misión técnica del FMI, la previsión de crecimiento de la economía panameña en 2021 es de 12%, apuntalada con el impulso del programa de vacunación, la producción de cobre a plena escala y la recuperación de la inversión privada. Se indicó, además, que los riesgos claves para el crecimiento tienen que ver con posibles reveses en la recuperación mundial de la pandemia, lo cual podría ocasionar trastornos en los flujos de capital y de comercio en todo el orbe, y a una desaceleración de la globalización que afectaría la actividad del Canal y del sector logístico, de manera negativa.

Según se informó, como cobertura en contra de estos potenciales choques externos, Panamá solicitó una Línea de Precaución y Liquidez por dos años, la cual fue aprobada por la Junta Directiva del FMI en enero de 2021, por un monto equivalente a 500% de la cuota, esto es, unos US$2.7 mil millones.

El equipo del FMI sugiere continuar mejorando las estadísticas nacionales para garantizar el apego a los estándares internacionales sobre calidad y diseminación de los datos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jose Ramón Icaza Clément, ha comentado sobre estos temas que impactan en la economía nacional. Desde el gremio empresarial ha elevado su voz en cuanto a la importancia de “orientar el gasto público a lo que realmente es necesario, atender la crisis sanitaria y reactivar la economía a través de la inversión pública”. Explicó que urge contener el gasto público, haciendo una revisión del mismo, así como de la planilla estatal con miras a su reducción.

De igual forma, Icaza ha recomendado nivelar el campo de juego entre los comerciantes panameños que utilizan canales tradicionales de venta y aquellos que usa canales digitales a través de plataformas en cuanto al cobro de impuestos, señalando de manera específica el ITBMS. “Aquí existe espacio para recaudar mayores ingresos”, acotó.

Entre la ‘incertidumbre’ y la ‘confianza’

Factores como vacunación masivo, respaldo al sector financiero, leyes especiales e  inversiones públicas son fundamentales para para fortalecer la economía. “Un continuado proceso efectivo de vacunación le dará al país una enorme palanca de los recursos humanos y físicos”, dijo el economista Marco Fernández, durante un foro económico organizado por la empresa consultora INDESA.

De acuerdo con Fernández, la pandemia, a diferencia de los terremotos, no destruyó las infraestructuras físicas, pero “ha creado incertidumbre”.

En torno a ese estado de incertidumbre en el país, la CCIAP, a través de su presidente Icaza, ha expresado la preocupación del sector empresarial. “Una recuperación económica requiere un entorno de confianza”, acotó al respecto.

Los señalamientos de Icaza responden a cifras país, como las anunciadas en mayo pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que revelan una caída de la Inversión Extranjera Directa (86.4%). “Si esperamos recuperar éste y otros motores de la economía que crean puestos de trabajo, no podemos seguir viviendo más en la incertidumbre”, indicó.

Enfrentar el COVID-29 y otros desafíos” dependerá de la responsabilidad de todos a la hora de generar la confianza necesaria para ejecutar acciones que no solo sean transparentes, sino consecuentes con la realidad nacional”, señaló Icaza, destacando la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza del castigo entre los aspectos indispensables para impulsar las actividades económicas y de inversión.

Para el sector empresarial, en este reto país, urge acelerar el proceso de vacunación a nivel nacional, sobre todo a la población más vulnerable.

Propuestas del sector privado para la reactivación económica

En abril pasado, el Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP), presentó al Gobierno Nacional “Las Propuestas del Sector Privado para la Reactivación Económica“, como resultado de un proceso sistémico y participativo ejecutado por una Comisión Especial, conformada por presidentes, directores y equipo técnico de gremios representativos de la economía nacional. Algunas de las propuestas requerirán el accionar del gobierno en su rol de facilitador, además de una coordinación entre el sector público y sector privado.

Tales propuestas fueron entregadas con el interés de contribuir a enfrentar la difícil situación resultante de la pandemia. Como miembro representativo del CoNEP, la CCIAP formó parte activa en la conformación de este portafolio de 47 propuestas, validadas y calificadas como de alto impacto para la recuperación económica y la generación de empleos. Datos que se destacan de éstas:

  • El cálculo del monto global de inversión de las 47 propuestas se estima en US$4,000 millones.
  • Con su ejecución, se busca una generación aproximada de 140,000 empleos directos y 68,000 empleos indirectos.
  • Considera un programa para la generación inmediata de más de 16,000 plazas de trabajo en los 631 corregimientos del país, con un nivel de inversión estimada en 34 millones de dólares.
  • Estas propuestas provienen de sectores económicos con mayores efectos multiplicadores en el crecimiento, el empleo y la generación de encadenamientos productivos, potenciando la liquidez económica intersectorial. Son sectores como energía, banca, industria, construcción, agropecuario y turismo.
  • El 61% de las propuestas presentadas del sector privado son ejecutables en el corto plazo, un 35% en el mediano plazo y 4% en el largo plazo.

Las propuestas planteadas se desglosan en 16 de naturaleza transversal y efectos multisectoriales, 31 de naturaleza sectorial (Energía, Financiero, Industrial, Construcción, Agropecuario y Turismo), las cuales contribuirían a proteger  empleos reactivados, generar actividad complementaria y recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.

Las propuestas, según el informe, son ejecutables en el corto y mediano plazo, y tienen la posibilidad de establecer indicadores de gestión. El CoNEP planteó la necesidad de conformar una Comisión Conjunta al más alto nivel que facilite el proceso de análisis, implementación y seguimiento de las propuestas, como resultado de un esfuerzo público privado.

Punto de vista económico

“La economía del país, y de la mayor parte del mundo, atraviesa una seria recesión ocasionada por la pandemia del Covid-19”, señaló el economista Guillermo Chapman Jr. en su propuesta Hacia una nueva visión económica y social de Panamá” (ver publicación en página web de INDESA).

Se busca generar un entorno de confianza que estimule la economía y las inversiones.

En este documento, Chapman reflexiona sobre la economía panameña de la tres últimas décadas y expresa que la pauta de crecimiento económico de los últimos 30 años en Panamá “parece haber llegado a su fin porque, dado el bajo nivel de ahorro doméstico y las dificultades que se anticipan para obtener financiamiento externo e interno en las magnitudes de la última década, será difícil mantener la cuota de inversión del pasado”.

Su propuesta contiene un anexo con propuestas de acciones en el corto plazo, durante el año 2021, encaminadas a facilitar la superación de los efectos económicos sociales del COVID-19. El desafío, indicó, consiste en definir e implementar una estrategia que incremente la demanda, incentivando el consumo, en especial de los grupos de menores ingresos y facilitar la reactivación de los sectores productivos.

Chapman presenta a consideración, para un entendimiento nacional sobre la ruta a seguir, la imagen de un “modelo económico como la de países democráticos del norte de Europa y de Asia”, con un tamaño de población similar al de Panamá, que tengan un nivel elevado y equitativamente distribuido de ingreso por habitante, excelentes indicadores de servicios sociales, transparencia y bajos niveles de corrupción pública y privada; en fin, lo que llamó “un Estado del Bienestar o de Economía Social de Mercado”.

Políticas públicas para fortalecer la economía nacional

Por el lado gubernamental, el titular del MEF, Héctor Alexander, ha señalado que las prioridades económicas para este año 2021 incluyen continuar con el desarrollo de la política fiscal anticíclica, que ha implicado traer recursos del exterior; proseguir con el programa masivo de vacunación contra el COVID-19 y fortalecer los fundamentos económicos a través de políticas públicas.

El ministro agregó que se continuará con el programa de inversiones para apoyar el crecimiento económico; se ejecutaran las acciones necesarias para sacar al país de las listas discriminatorias internacionales, que afectan adversamente la imagen de Panamá.

Para fortalecer la actividad económica, afectada por la pandemia, enumeró cinco puntos:

  1. Política de vacunación masiva, con una inversión de US$104.4 millones para adquirir 9.2 millones de dosis, que se aplicarán a 4.6 millones de panameños.
  2. Apoyo a los hogares, con US$1,082 millones destinados a Panamá Solidario (vales físico y digitales, bolsas de comida), el subsidio eléctrico –FET extraordinario, y los programas de continuidad por US$ 1,210.2 millones (120 a los 65, Red de Oportunidades, Pase-U, subsidios del Metro y Metrobus, a la electricidad, al gas licuado, transferencias de la CSS, entre otros.
  3. Respaldo al sector financiero por US$1,000 millones para fortalecer la capacidad crediticia del sistema, US$300 millones para el programa para la defensa del tejido productivo y el empleo en las MiPyMES; US$50 millones para el programa de garantías de AMPYME; US$20 millones en banca de oportunidades; reforma del Código Fiscal para crear un régimen especial de Impuestos Sobre la Renta aplicable a MIPYMES, a los empresarios y a los emprendedores; apoyo al programa Panamá Agro Solidario para adquisición de productos nacionales.

En cuanto a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), el MEF suscribió en mayo pasado, contrato de préstamo con el BID por US$150 millones, correspondiente al segundo tramo del Programa Global de Crédito para Promover la Sostenibilidad y Recuperación Económica de Panamá, con el que se apoyarán, entre otras necesidades, reconversiones productivas y adaptaciones en el proceso de transformación digital, focalizándose en las áreas: comercio, servicios y sector industrial, para el beneficio de más de 1,600 MiPyMes de sectores productivos.

Cifras del MEF indican que las MiPyMes representan el 70% del sector productivo y más del 90% del empleo.

  • Aprobación de leyes de incentivos a inversionistas para el fomento de actividades turísticas en el interior del país, que crean régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios de manufactura (EMMA); se estableció el leasing inmobiliario, que modifica los tramos de intereses preferenciales hipotecarios, además de implementar el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales.
  • En el programa de inversiones e infraestructuras públicas se contemplan inversiones por US$12,114.4 millones (Línea 3 del metro, túnel bajo puente de Las Américas, extensión de Línea 1 del Metro, ampliación de la carretera hacia Arraiján, interconexión de la Cinta Costera y construcción del Hospital del Niño); el programa de la Asociación Público-Privado, mantenimiento por estándar de 2,000 kilómetros de carretera que conecta Arraiján y La Chorrera por Veracruz hacia Puerto Caimito; corredor Norte de David  y el programa de la Autoridad del Canal de Panamá por US$ 1,800 millones como plan de inversión para proyectos.

Al enumerar las ventajas de Panamá, se señaló que el país cuenta con economía dolarizada, integración financiera al resto del mundo, tasas de interés competitivas y sin riesgo de cambio; grado de inversión; conexión marítima a 1,700 puertos a nivel mundial, por medio de 144 rutas que pasan por el Canal de Panamá y mejor conectividad aérea en América Latina, “que se mantendrán una vez superada la crisis del Covid-19”, aseguró el titular de la cartera ministerial de Economía y Finanzas.

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