ads1

La operatividad de los sectores productivos es gradual y condicionada

Reapertura nacional-provincial para reactivar la economía

2 Shares
2
0
0
0

La reapertura de las actividades fundamentales para la revitalización económica demanda coordinación cónsona y responsable en tiempos de crisis.

Por: Malema De León  |  mdeleon@panacamara.org

Tras meses de confinamiento por la pandemia del Covid-19, la reapertura de varias actividades económicas ha sido gradual. En la tercera semana de agosto pasado, por ejemplo, bajo los lineamientos sanitarios establecidos por las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), el comercio al por menor con ventas en línea, venta de autos, salones de belleza, barberías, organizaciones no gubernamentales y proyectos de construcción públicos y privados autorizados, fueron autorizados para su reactivación.

Días después, el Consejo de Gabinete aprobó lo que denominó el “Plan Actualizado de Reapertura Nacional-Provincial”, el cual, según el anuncio oficial, “es fruto del consenso logrado, tras mes y medio de un trabajo coordinado con el Consejo Consultivo de Salud y el sector privado y está condicionado al cumplimiento de los indicadores de salud y protocolos establecidos por las autoridades”.  

De acuerdo con esta programación, el 7 de septiembre reabriría la industria de la construcción y actividades relacionadas (ingenieros, arquitectos, administradores de proyectos, contratistas, servicios de mudanzas y acarreos), Área Económica Especial Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón y zonas francas, marinas privadas y pesca deportiva, así como sastrerías y modisterías, zapaterías y lava autos.

En tanto, el 14 de septiembre se levanta la restricción de movilidad por género y quedan sin efecto los salvoconductos, con ciertas excepciones durante toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a sábado y cuarentena total el domingo. El 21 de septiembre, se reabrirán las actividades deportivas federativas, pero sin público.  Mientras que el día 28 de ese mes abren, con presencia de público: el comercio al por menor, los restaurantes y fondas, los servicios profesionales pendientes de abrir, los servicios administrativos y generales, la aviación nacional, las actividades familiares de playa, ríos y parques naturales, por provincia, y el Hipódromo Presidente Remón, pero sin público.

Para el 12 de octubre, según el reporte, se levanta el toque de queda, inclusive del día domingo, y reabren la aviación internacional, los hoteles, moteles, hostales rurales, sitios de hospedaje y servicios complementarios.  En esa fecha, además la apertura de actividades turísticas, transporte no esencial (recreativos y turismo), las industrias creativas y culturales, academias de música y arte, las bibliotecas, piscinas y la Lotería Nacional de Beneficencia.

Apertura gradual

La gradualidad ha sido un aspecto esencial en la elaboración de este y otros planes de reapertura. “Va a depender del comportamiento de la ciudadanía”, así lo han expresado las autoridades panameñas, recordando que “Panamá aspira a ser un referente en la región revitalizando la economía de forma ordenada y eficiente, a la vez que actúa contra la propagación de la pandemia”.

Frente a los meses de confinamiento y paralización de los sectores económicos y productivos del país, voces vivas de la sociedad panameña tomaron la iniciativa de presentar propuestas que contribuyeran a la revitalización de la economía nacional, haciendo énfasis en que tales medidas se ejecutaran de forma coordinada y balanceada para mermar los efectos de la pandemia por Covid-19.

Como principal gremio empresarial del país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), ha instado a que la reapertura de la economía se dé “sin ataduras burocráticas ni medidas que no se apeguen a la legalidad y al debido proceso”.

“La continuidad de medidas restrictivas, sin sustento lógico, técnico y con indicios de inconstitucionalidad operan en contra al éxito de la recuperación económica y social, y la burocratización de la apertura de actividades es un contrasentido a esta reactivación”, manifestó, oportunamente, Jean-Pierre Leignadier, presidente de la CCIAP. 

Este gremio y la empresa privada han aportado alternativas constructivas para evitar una crisis económica y social más profunda. Desde esa perspectiva, Leignadier afirma que, “si bien vivimos una crisis de salud inédita en tiempos recientes, la ciudadanía ha entendido su gravedad y la necesidad de tomar las medidas de prevención y mitigación necesarias”.

También estimó que el país ha estado sometido a un confinamiento estricto y con poca comparación a nivel mundial; paralelo a una restricción de actividades económicas igual de severa. “Luego de tantos meses, la única opción realista de recuperación económica y preservación de empleos pasa por una apertura responsable, donde tanto el sector privado como público puedan buscar un balance en lo sanitario, social y económico. Lo cierto es que no se puede esperar más”, acotó.

Desde la óptica empresarial, la economía de una sociedad es compleja, y las interdependencias son múltiples. Por ello, el modelo de fragmentar más la apertura de actividades cada semana y establecer nuevos requisitos, no va a coadyuvar a una recuperación integral de la actividad económica y del empleo.

Protección del empleo

El Gobierno Nacional sancionó la Ley 157 de 3 de agosto de 2020 “Que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19 y dicta otras disposiciones.

La Ley, según se anunció, forma parte de los planes de desarrollo nacional en medio de la crisis sanitaria. La nueva disposición establece medidas de protección para los trabajadores de empresas que permanezcan cerradas por motivos de las medidas preventivas de contagio del COVID-19.

Se establece en la norma, la prohibición de la discriminación durante el proceso de retorno gradual de los trabajadores a sus puestos de trabajo, también se extiende la vigencia de la suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre de 2020, aplicable solo a las empresas que hayan realizado suspensiones de contratos con base al Decreto Ejecutivo 81 del 20 de marzo de 2020 y manteniendo las relaciones laborales, continuidad y prima de antigüedad.

Según reportes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), al 17 de agosto pasado, más de 40 mil trabajadores han sido reactivados a nivel nacional. Se detalla que 37 % (14,625) de los contratos laborales reactivados corresponden al género femenino y 67 % (25,443) al masculino. Estos trabajadores retornaron a sus labores dentro de 2,996 empresas procesadas, verificadas y validadas por este ministerio.

Varios segmentos de la economía aguardan para su reapertura.

Fortalezas de Panamá ante el entorno actual

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  han reconocido que“el mundo y la región están a la expectativa de qué hará Panamá y cómo lo va a hacer; tienen la esperanza que Panamá sea una muestra de que se puede salir adelante”.

De acuerdo con planteamientos de la CCIAP, Panamá tiene su fortaleza en una posición geográfica privilegiada, apalancada en leyes de atracción de Inversión Extranjera como la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), Ley de Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, Zona Libre de Colón, Zonas Francas, entre otras.

Además, enumeró el medio, un Centro Bancario Internacional exitoso, al igual que el desarrollo del conglomerado logístico alrededor del Canal de Panamá, el cual deberá fortalecerse de cara a los retos planteados por la pandemia y adaptarlos a este importante sector. “Nos toca promocionar estos sectores, así como revisar la forma de  complementarlas para atraer rubros que antes no habíamos logrado atraer. Hay que apoyar al sector financiero y al sector servicio panameño para permitirles mayor competitividad en el ámbito regional, y procurar enfocarnos en las nuevas necesidades mundiales, para instalar industrias que hoy día no tenemos, particularmente en manufactura y tecnología”, detalló Leignadier.

El presidente de la CCIAP aseguró que es el momento para lograr transformaciones en la educación y la tecnología, a fin de poder atraer empresas que puedan establecerse y encontrar el recurso humano necesario. También hizo énfasis en otros nichos como las actividades logísticas, para las que se requiere valor agregado, una nueva ley para empresas multinacionales industriales; en lo que se debe promover las exportaciones agrícolas / agroindustriales, y las industrias creativas.

Leignadier comentó que Panamá requiere aumentar la inversión privada en I+D, aprovechando los encadenamientos productivos de la economía, por lo que especialistas recomiendan que sea en actividades como agroindustria, plataforma financiera y de servicios entre otros.

Del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se publicó información relaciona al establecimiento de nuevas sedes de empresas multinacionales en Panamá, a través de la modalidad de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), con una inversión inicial por el orden de los US$38 millones, lo que generará más de 150 plazas de empleo. 

En Panamá, según cifras del MICI), existen registradas unas 156 sedes de empresas multinacionales, la cuales aportan más de 7 mil empleos y más de US$1,000 millones en inversiones.

Presupuesto estatal 2021

El MEF presentó en agosto pasado, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, y “prioriza la salud, educación y seguridad social, debido al momento coyuntural que atraviesa Panamá y el mundo por la pandemia”.

Desde esta cartera ministerial se sustentó que “el presupuesto se fundamentó en la estimación de una recuperación de la actividad económica que propulsaría un económico de 4%, impulsado por sectores como la minería, el agro y la industria”.

Según estimaciones del MEF, para el próximo año “la economía va a tener una recuperación a un ritmo mejor que el resto de la región, ya que el crecimiento podría estar alrededor del 4%”.

El Presupuesto de la Nación para el años 2021 es por US$24,088.9 millones y, según reportes del MEF, los recursos han sido distribuidos para atender los temas de salud, (US$ 3,623 millones para el sector salud), educación (US$2,948 millones), protección y seguridad (US$ 2,765 millones) orden público  y justicia (US$1,380 millones).

Para infraestructura US$1,618 millones han sido incorporados; para el fomento de la producción US$1,064 millones; y la banca y finanzas tiene un aporte de US$3,600 millones. La asignación de US$1,618 millones para infraestructura incluye US$440 millones para proyectos de carreteras.

ads1
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You May Also Like